El ambicioso plan de infraestructura de Biden que se financiaría con mayores impuestos corporativos
El presidente de Estados Unidos busca aumentar a 28% la tributación de las empresas, la cual bajó a 21% en 2017, con la reforma impulsada por Trump. La primera parte del paquete supera los US$ 2 billones.
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Hacer de la economía estadounidense la “más fuerte, más resistente e innovadora del mundo” fue la promesa que realizó Joe Biden al presentar su esperado plan de infraestructura este miércoles por la tarde, el cual afirmó que es “una inversión única en una generación” del país.
Desde Pittsburgh, Pensilvania, el presidente de la mayor economía del mundo aseguró que su propuesta -que tiene un costo de más de US$ 2,2 billones (millones de millones) en ocho años- corresponde al programa de inversión pública más grande desde la creación del sistema de carreteras interestatales y la carrera espacial en la década de los ‘60, y afirmó que corresponde a “la mayor inversión en empleos estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial”.
¿Cómo se financiará dicho plan? La apuesta del líder demócrata es hacerlo en 15 años y con un alza a los impuestos corporativos, los cuales subirían a 28%, desde el 21% en que los dejó la reforma tributaria de 2017. Eso sí, la tasa planteada sigue siendo más baja que el 35% que pagaban las empresas previo a la modificación impulsada por el expresidente Donald Trump.
Además, Biden pretende impulsar un impuesto mínimo global para las corporaciones multinacionales norteamericanas, lo que implicaría garantizar una tasa de tributación de al menos 21%, independientemente del país en el que operen.
Sumado a esto, la Casa Blanca apunta a disuadir a las empresas de incluir los paraísos fiscales como su dirección y a denegar a las firmas las deducciones de gastos relacionados con la deslocalización, entre otras reformas en materia tributaria.
Zoom a las propuestas
En términos generales, renovar la infraestructura y crear empleos son los objetivos más evidentes del “Plan de empleos estadounidense”, pero la nueva medida también es vista como una oportunidad para combatir el cambio climático y de comenzar una transición hacia energías más limpias.
La propuesta contempla realizar la mayor inversión en infraestructura -o sea US$ 621.000 millones- lo que se traduce en reconstruir 10.000 puentes, más de 32.000 kilómetros de carreteras, reemplazar 50.000 vehículos diésel del transporte público y construir una red nacional de 500.000 cargadores de autos eléctricos para 2030, además de mejorar puertos y aeropuertos.
En línea con ello, US$ 300 mil millones se invertirían en mejorar la infraestructura del agua potable, en expandir el acceso a banda ancha y en actualizar las redes eléctricas del país. Un monto similar se emplearía en la construcción y adecuación de 500.000 viviendas para personas de ingresos bajos y medianos, además de la elaboración y mejora de establecimientos educacionales.
Otros US$ 580.000 millones se destinarían a la fabricación, Investigación y Desarrollo (I+D) y esfuerzos en capacitación laboral, mientras que US$ 400.000 millones estarían enfocados en entregar un mayor cuidado a los adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
En su presentación de las propuestas, Biden afirmó que “estas son inversiones que tenemos que hacer”, a lo que agregó que en “podemos permitirnos el lujo de hacerlos. Para decirlo de otra manera, no podemos permitirnos no hacerlo”.
El objetivo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es aprobar la propuesta antes del feriado del 4 de julio, pese a que los republicanos se han manifestado totalmente en contra del alza de impuestos corporativos para financiar las medidas.
La segunda parte
La propuesta presentada ayer es solo la primera parte de un plan que en total podría costar más de US$ 4 billones. En las próximas semanas, el mandatario daría a conocer un segundo proyecto, denominado “Plan de la familia estadounidense”, que apuntaría a mejorar la educación y la cobertura de salud.
Esta segunda parte incluiría créditos fiscales, además de ayudas a los más vulnerables, licencias pagadas para los trabajadores, medidas para reducir el costo del cuidado de los niños y fórmulas para ayudar a las mujeres a trabajar y ganar más.
El financiamiento de esta segunda etapa apuntaría a aumentar los impuestos de las personas con más altos ingresos, pero frente a las críticas anticipadas, Biden reafirmó que no subirá la carga tributaria para nadie que gane menos de US$ 400 mil al año.
El presidente defendió que su objetivo no es castigar a los ricos, agregando que “esto no es para apuntar a aquellos que lo lograron. No para buscar represalias”. Por el contrario, afirmó que “se trata de abrir oportunidades para todos los demás”.